El Ejecutivo decidió este jueves vetar la Ley Nº 27.794, sancionada el 20 de agosto de 2025 por el Congreso. El proyecto buscaba modificar el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un pedido histórico de los mandatarios provinciales.

La medida quedó formalizada en el decreto presidencial 652/2025, donde se argumenta la necesidad de “mantener la naturaleza discrecional de estos fondos, concebidos como una herramienta excepcional para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales, y no como parte de la masa coparticipable de distribución automática”.

El proyecto vetado planteaba que los ATN —creados por la Ley Nº 23.548— se repartieran según los coeficientes de coparticipación ya establecidos en esa norma, y que incluyan los porcentajes correspondientes a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa legislativa proponía cambiar el manejo de los ATN, hasta ahora administrados de forma discrecional por el Gobierno Nacional, hacia un sistema de reparto automático entre las provincias. Para la Casa Rosada, sin embargo, esa reforma desvirtuaba el objetivo de esa herramienta de intervención rápida del Estado nacional y comprometía la discrecionalidad como mecanismo constitucional.

Veto presidencial a la Ley de Distribución de los ATN: claves para entender el conflicto entre Nación y provincias

• Fin a la discrecionalidad: el principal propósito era limitar el uso discrecional de estos fondos por parte del Ejecutivo. Los gobernadores denuncian que los ATN se utilizan como moneda de negociación política, que favorece a provincias aliadas y castiga a las opositoras.
• Distribución automática: el proyecto de ley establecía que los fondos de los ATN, financiados con el 1% de la masa coparticipable y el 2% del Impuesto a las Ganancias, debían distribuirse automáticamente conforme a los coeficientes de coparticipación federal.
• Financiamiento para emergencias y necesidades provinciales: la reforma buscaba garantizar que los recursos, concebidos originalmente para asistir en situaciones críticas, lleguen de manera previsible a las provincias, sin depender de decisiones políticas coyunturales.

Sin embargo, el veto de Javier Milei enfatizó que transformar los ATN en un sistema de reparto automático privaría al Estado nacional de un instrumento crucial para corregir desigualdades y responder a crisis focalizadas.

“La privación de este instrumento para afrontar contingencias graves implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional”, sostiene el decreto, y cita el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que establece un reparto solidario y equitativo.

Esta decisión presidencial ya había sido anticipada y eso provocó un fuerte rechazo de los gobernadores, quienes interpretan el veto como un nuevo capítulo en la disputa por los recursos federales.

Tanto mandatarios opositores como oficialistas habían apoyado el proyecto de ley para lograr un reparto que, según su visión, es más justo y previsible en medio de la delicada situación fiscal de varias provincias.

El reclamo por un esquema de redistribución automática de los ATN no es nuevo. Desde hace años, los gobiernos provinciales cuestionan el criterio discrecional con el que el Ejecutivo nacional maneja estos fondos, y señalan que, en numerosas ocasiones, las transferencias responden a afinidades políticas antes que a necesidades objetivas.

La sanción de la norma en el Congreso, que obtuvo un respaldo transversal de diversos bloques, evidenció un consenso excepcional entre las provincias que ahora se ve frustrado por el veto presidencial.

Por qué el Gobierno de Javier Milei vetó la distribución automática de los ATN

El veto presidencial reafirma la vigencia del artículo 5° de la Ley Nº 23.548, que otorga al Poder Ejecutivo la atribución de distribuir los ATN bajo la supervisión de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Según la Casa Rosada, este diseño responde a una “necesidad estructural” del federalismo argentino, que demanda mecanismos ágiles para enfrentar crisis repentinas. Como ejemplo, el Gobierno mencionó las transferencias extraordinarias realizadas en 2024 y 2025 para atender emergencias hídricas, climáticas, económicas y alimentarias.

El veto también hace referencia al Pacto de Mayo, aquel acuerdo firmado por el presidente y varios gobernadores para revisar integralmente el régimen de coparticipación federal. Según el Ejecutivo, cualquier cambio en la distribución de los ATN debe surgir de un consenso amplio entre Nación y provincias, en línea con el carácter de “pacto federal” que la Constitución reconoce a la coparticipación.

“Admitir modificaciones unilaterales al régimen de coparticipación, importaría desconocer el carácter de pacto federal”, advierte el decreto, al citar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con este veto, el Gobierno no solo bloquea la reforma impulsada por los gobernadores en el Congreso, sino que reabre un debate más profundo sobre el federalismo fiscal argentino.

Los gobernadores, que necesitan y piden un alivio financiero inmediato, ahora deberán optar entre insistir en el Congreso para reunir los dos tercios necesarios y revertir la decisión presidencial o negociar un nuevo acuerdo con la Casa Rosada.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la salida no pasa por “reformas parciales ni decisiones coyunturales”, sino por un consenso duradero que permita rediseñar todo el esquema de coparticipación federal.