El diputado nacional Juan Manuel Pedrini sostuvo que la investigación judicial contra el exgobernador Jorge Capitanich responde a una “causa política inscripta en el lawfare”. El jefe de campaña de Fuerza Patria en el Chaco, cuestionó la imputación que pesa sobre Capitanich y exfuncionarios de su gestión por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales: “Se lo acusa de una transferencia inexistente: las tierras siguen a nombre de la provincia del Chaco. No hubo ninguna transferencia de dominio”, afirmó Pedrini, tras consultar el Registro de la Propiedad Inmueble.
La Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña citó a declarar a Capitanich este martes 9 de septiembre a las 11, de manera virtual. También deberán presentarse la exministra de Ambiente Marta Elena Soneira, Sheina Waisman y Darío O. Giménez, según dispuso el fiscal federal Carlos Amad con autorización del tribunal de alzada.
El dirigente también calificó de “incongruente” que la actual administración provincial, al mismo tiempo que denuncia la supuesta maniobra, haya cobrado a los particulares en litigio un precio por esas tierras. “La provincia sigue siendo titular de esas tierras; por lo tanto, no hubo ninguna transferencia de dominio. Se lo acusa de un delito de imposible cumplimiento”, amplió Pedrini.
Fue más allá y sentenció: “Lo más raro es que la administración zderista, por un lado, hace la denuncia y por el otro cobró a estos particulares en litigio un precio determinado por la tierra. Acusan al exgobernador de una transferencia inexistente (insisto, las tierras siguen a nombre de la provincia del Chaco) y por otro lado percibieron el precio de una transferencia de la que dicen estar en contra. Una incongruencia absoluta”.
Además, el jefe de campaña de la oposición política de cara al 26 de octubre negó que exista delito alguno en el marco del régimen de promoción industrial. “Sostienen la permanencia de la causa en el fuero federal aduciendo que los adjudicatarios de la tierra recibieron dinero del Estado chaqueño vía promoción industrial. Pero esta promoción no implica transferencia de recursos”, destacó Pedrini.
“No son transferencias de fondos estatales, sino exenciones impositivas temporales, siempre avaladas por los organismos de control”, agregó. Y detalló: “Esas promociones no consisten en transferencias de fondos estatales sino en exenciones impositivas por cinco años (como impuestos provinciales, ingresos brutos, reducción en los servicios de agua y energía, entre otros). Y previo a la concesión de ese beneficio interviene la asesoría legal, la contaduría general y la asesoría general del gobierno”, detalló el legislador nacional.
En ese contexto, criticó que la causa permanezca en el fuero federal de Sáenz Peña bajo el argumento de un presunto lavado de dinero. “¿Qué lavado puede haber si se trata de un inmueble que sigue bajo dominio de la provincia del Chaco por el cual la actual administración recibió dinero y el régimen de promoción industrial no implicó transferencia de recursos públicos alguno en favor de los beneficiarios?”, cerró.
