Condena ejemplar en España. El Tribunal Supremo condenó a 30 años de prisión a un exsacerdote por abusar de siete menores en un internado católico. El hecho sucedió hace casi una década, cuando trabajaba como su tutor.
El caso salió a la luz en los últimos meses en España y se sospecha de la complicidad de la Iglesia. No es el único caso en el mundo ya que se registraron episodios similares en países como Estados Unidos, Irlanda y Francia.
El exsacerdote había negado la acusación en un primer momento. La autoridad religiosa de la provincia central de Ciudad Real expulsó al sacerdote en 2019 y denunció el caso a los fiscales, tras una investigación interna sobre los abusos cuando daba clases particulares a estudiantes adolescentes varones.
Sentencia de prisión, multa e indemnización
En su sentencia, el tribunal dijo que se había aprovechado de su posición para tocar inapropiadamente los genitales de los niños, por ejemplo, mientras fingía estar jugando en una piscina o en habitaciones privadas con el pretexto de un «tratamiento» médico.
El tribunal dictaminó que los tocamientos eran «de carácter claramente sexual», además condenó al hombre a pagar una multa de 52.920 euros y una indemnización de 2.000 euros a cada una de las víctimas.
Grave denuncia en 2021
El diario El País denunció en diciembre más de 1.200 presuntos casos de abusos por parte del clero durante siete décadas y el Parlamento encargó posteriormente al Defensor del Pueblo del país que llevara a cabo una investigación.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dijo el martes en un comunicado que su oficina ya había atendido a 201 víctimas, en su mayoría hombres, en los dos primeros meses de la investigación, cuyas conclusiones serán presentadas al Parlamento.
«Estamos satisfechos con el ritmo al que están llegando los testimonios y con el número de víctimas que se han dirigido a nosotros, pero lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, seriedad, discreción y confidencialidad», dijo.
La Iglesia católica española dijo a principios de 2022 que estaba profundamente entristecida por los abusos y que colaboraría con las autoridades y aportaría transparencia, ayuda y reparación a las víctimas. También ha iniciado investigaciones diocesanas que están siendo supervisadas por un bufete de abogados privado.
