El fiscal general José Luis Agüero Iturbe solicitó este lunes que se anule el fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Según consideró Aguero Itürbe, ante una denuncia de “trascendencia institucional” los jueces no pueden “cerrarla arbitrariamente”. Por ello, pidió que se vuelva a indagar a Macri en Comodoro Py, dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado.
«Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla», sostuvo el fiscal.
El fiscal criticó lo resuelto por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes atacó por no haber analizado debidamente el avasallamiento del derechos de las víctimas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal.
El pasado 15 de julio esos camaristas sostuvieron que las maniobras llevadas a cabo para investigar a los familiares de los tripulantes eran, en realidad, tareas de inteligencia habilitadas para garantizar la seguridad del entonces presidente Macri.
«Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación», sostuvo el fiscal y remarcó que «ciudadanos comunes y corrientes (…) no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”. Por el contrario, «se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos», destacó.
«Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional», enfatizó. Y en ese sentido, agregó: «Repugna al sentido más básico de justicia que se considere que ´los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales –entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior-«.
El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que “en ningún momento» las víctimas hicieron referencia alguna «ni si quiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república».
«A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener”, ironizó.
En el dictamen de 40 páginas, el fiscal sostuvo que «una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados (…) no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, aseveró.
La causa se había iniciado para investigar la presunta obtención de información y producción de inteligencia ilegal sobre los familiares y allegados de las víctimas del Submarino ARA San Juan y los buques “El Repunte” y “El Rigel”.
Las actividades de inteligencia habrían tenido, según la investigación, la particular finalidad de influir en la situación política e institucional del país, puntualmente en los reclamos que realizaban los allegados a quienes perdieron sus vidas en las embarcaciones mencionadas.
En primera instancia Macri había sido procesado al igual que los jefes que el designó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes luego fueron beneficiados por los sobreseimientos dictados por la sala primera de la cámara Federal porteña.
