Ante la delicada la situación económica y social, el kirchnerismo busca una tabla salvadora y desmarcarse del gobierno. Cuáles fueron los resultados de pruebas piloto en otros países y cuál sería el costo de implementar un proyecto de ese tipo en la Argentina
La dinámica de la crisis genera y recicla propuestas para superarla o, al menos, sobrellevarla. Una de ellas es la del “Salario Básico Universal” (SBU), conocida internacionalmente como UBI, por su sigla en inglés (Universal Basic Income, o Ingreso Básico Universal) que impulsan sectores del kirchnerismo.
A principios de mayo Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, diputados del Frente Patria Grande presentaron en el Congreso un proyecto suscripto por 15 legisladores de distintas facciones del oficialista Frente de Todos. De los quince firmantes, once son de la provincia de Buenos Aires y dos, incluido Hagman, de CABA.
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A mediados de junio el SBU se discutió en la Cámara baja bonaerense con la presencia del ministro de Desarrollo Social provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, y de Juan Grabois, miembros del kirchnerismo duro.
La situación el conurbano bonaerense no da para más y solo le damos aspirinas y ponemos curitas (Larroque)
El miércoles último, en una reunión de dirigentes piqueteros, Grabois dijo que el gobierno podría instrumentar el SBU “con 5 puntos (adicionales) de retenciones a la soja”.y el jueves Larroque exigió un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que debería salir por ley o decreto en no más de 60 días. La situación económica y social en el conurbano bonaerense -dijo- “no da para más y solo le damos aspirinas y ponemos curitas”, en inequívoca presión al gobierno nacional -del que el kirchnerismo hace contorsiones para desligarse, pero sin renunciar a sus cajas, cargos y privilegios- y a la ministra de Economía, Silvina Batakis.
Por su parte, el diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, enfatizó la necesidad de ”ir a un Salario Básico Universal en Argentina”, aunque reconoció que “hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo de una” y estimó el alcance inicial del SBU en 9 millones de personas, así como que se instalará en varios países de la región en los próximos años.
A su vez Eduardo Belliboni, a la cabeza de una manifestación del Polo Obrero en Plaza de Mayo, rechazó tanto el concepto del SBU como la supuesta ajenidad de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner respecto del gobierno. “Me indigna que hable de afuera, señora; este gobierno lo integra usted también”, subrayó.
Experiencias y antecedentes
“La propuesta de SBU, además de tener pocos antecedentes en el mundo, resulta fiscalmente inviable y una inoportuna discusión en la actual coyuntura”, precisaron Marcelo Capello y Laura Caullo, economistas del Ieral, en un estudio en el que consignaron los resultados de las experiencias hasta ahora conocidas, a saber:
Finlandia: En 2015 anunció la implantación de un proyecto piloto de “Renta Básica Universal” durante 2017 y 2018. El proyecto alcanzó a solo 2.000 desempleados que percibían 560 euros al mes, monto lo suficientemente bajo como para no desincentivar la búsqueda de trabajo. En abril de 2018 el gobierno lo suspendió por considerar que si bien mejoraba el bienestar de los beneficiados, no tenía impacto significativo en la esfera laboral. Incluso siendo de prueba y no permanente, el experimento fracasó.
España: En mayo 2020 se aprobó un ingreso vital mínimo (no exactamente igual al ingreso universal) para 850.000 hogares y 1,6 millones de personas en situación de pobreza extrema. A los hogares beneficiarios se les otorga entre 451,5 y 1.015 euros, dependiendo el tamaño de la familia.
Resulta fiscalmente inviable y una inoportuna discusión en la actual coyuntura (Capello-Caullo)
Alemania: En 2014, la ONG Mein-Grundeinkommen organizó una campaña de recaudación de fondos para destinar unos USD 1.100 al mes a 500 personas. El 80% de los beneficiarios dijo que la ayuda les disminuyó el estrés, más del 50%, que les ayudó a solventar programas de formación y educación, y 35%, que los motivó en el trabajo. Pero más que “ingreso básico universal” fue una donación altruista de personas anónimas.
Suiza: En 2016 se hizo un referéndum sobre la creación del Ingreso Básico Universal, para asegurar a los mayores una renta mínima de 2.260 euros al mes libres de impuestos y a los menores de 565 euros. Los argumentos de costo excesivo, mayores impuestos y desincentivo al trabajo prevalecieron claramente sobre los de que la automatización de la economía aumentaría el desempleo y haría necesario el UBI para garantizar cierto nivel de consumo, ahorrando los seguros de desempleo.El 77% de los ciudadanos rechazó la propuesta.
Alaska: Desde 1982 sus habitantes tienen derecho a una suerte de renta básica como ‘dividendo’ anual del Alaska Permanent Fund. Es el único caso existente de un Ingreso realmente universal e incondicional como política de Estado. Los dividendos se pagan anualmente y varían con el precio del petróleo. Es más bien un suplemento de ingreso, que promedia unos USD 1.200 al año y no afectó el empleo a nivel macro, como surge de comparar el mercado laboral de Alaska con el de estados vecinos o de perfil similar. Tuvo efectos positivos sobre la educación (mayor asistencia, menos abandono, mejores resultados, en especial entre los más pobres), pero no en términos de empleo, aunque a corto plazo redujo la pobreza e impulsó la fertilidad.
Irán: Se denominó “transferencia en efectivo” y duró solo 5 años, hasta 2016. También se basaba en la renta petrolera, en parte distribuida a la la población en efectivo y sin condiciones. Todos recibían igual transferencia. Los pagos llegaron al 29% de la renta media de los hogares y alcanzaron a 72,5 millones de personas, 96% de la población. Además del petróleo, el programa se financió con recursos antes destinados a subsidiar productos básicos (agua, electricidad, pan). El Economic Research Forum iraní concluyó que el programa no mejoró la oferta de trabajo ni el mercado laboral.
El Economic Research Forum iraní concluyó que el programa no mejoró la oferta de trabajo ni el mercado laboral
En un paper del FMI sobre las pocas y limitadas experiencias, incluida también una en Kenya y otra en Oakland (California, EEUU), Maura Francese y Delphine Prady destacan que los proyectos de Ingreso Básico Universal para ser tales deben cumplir dos condiciones: cobertura universal o muy amplia de los miembros de una sociedad, e incondicionalidad o condiciones definidas con un criterio muy amplio. Entre los pros indican que un proyecto así podría reducir los costos administrativos, aumentar la transparencia y disminuir la corrupción en la política social y respaldar reformas estructurales como la eliminación de los subsidios a la energía. Sus contras: costos muy altos, derroche de recursos en gente que no lo necesita y socavamiento de la ética del trabajo.
